El crecimiento de Cusaem, una empresa de seguridad del PRI, repuntó durante la administración de Enrique Peña Nieto. La compañía salió del Estado de México y ocupó las oficinas más importantes por al menos cinco años y hoy, el Gobierno de López Obrador tiene en la mira a los Cusaem, donde están implicados varios políticos priistas.
–Con información de Romina Gándara
Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Hay poca certeza de cuántas y cuáles empresas integran a los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) y ocurre lo mismo con el número de contratos que recibió durante la administración de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la información disponible, este cuerpo de seguridad privada se hizo de 105 contratos por un total de 3 mil 389 millones 039 mil 209 pesos. Ese es el acercamiento que la información de la Plataforma Nacional de Transparencia permite hacer a más de un año del cambio del Gobierno federal.
Sin embargo, no es posible afirmar que efectivamente todo el dinero que ganaron. Por ejemplo, los contratos que celebró con la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) aparecen como «no disponible para su consulta», y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene parte de la información reservada.
Además, la información es pública por solicitudes de información dirigidas a las principales secretarías del Gobierno federal y la mayoría de 2012 a 2017, por lo que falta conocer si se le contrató en 2018 y 2019, últimos años del sexenio del priista Peña Nieto.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó a Los Pinos en 2012 y trajo consigo a su cuerpo de seguridad. Tanto el Presidente como la empresa salieron del Estado de México.
Conforme la violencia aumentó en el país, el mercado de la seguridad privada fue uno de los más fructíferos. Del año 2006 a la fecha, la política de combate al narcotráfico iniciada por Felipe Calderón Hinojosa tiene como saldo al menos 268 mil 784 homicidios dolosos y más de 61 mil desaparecidos.
El caso de Cusaem es particular. La administración de Andrés Manuel López Obrador la tiene en la mira, además la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre ella y hasta en el gremio su actuar despierta dudas.
“¿No les parece eso una aberración? Se contaba con 10 mil efectivos para cuidar a la gente, 10 mil efectivos de la Policía Federal, y se contrataba para cuidar las oficinas del gobierno y a los funcionarios a 50 mil policías privados. Estamos haciendo la depuración de todo esto. Se crearon empresas privadas de seguridad vinculadas con políticos. Ahí se los dejo de tarea, pero estamos en eso”, dijo el Presidente el pasado 23 de abril en su conferencia matutina.
Luego, el 4 de julio pasado, dijo que en la administración de Peña Nieto se fomentó la creación de estas corporaciones, y se llegó al extremo que el Gobierno federal contrataba más policías privados que los policías oficiales para garantizar la seguridad del pueblo, la de los ciudadanos.
Roberto Rivera Mier, director de Asuntos Interinstitucionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), comentó en entrevista con SinEmbargo que las policías auxiliares o complementarias, afectaban la competencia en el sector.
Rivera Mier dijo que con la empresa Cusaem, al ser una figura estatal y a la vez de seguridad privada, se generaba una competencia desleal “porque utilizan las armas de seguridad pública para la seguridad privada […] hay un manejo bastante oscuro y en todos los estados de este tipo […] esta policía del Estado de México creció el doble de lo que era porque tenían hasta a la Secretaría de Gobernación y a la mayoría de las instituciones”.
También añadió que existe un manejo dudoso de recursos, porque cuando convenía eran ente público o si no, privado. “Ese modelo no existe en otro lugar del mundo más que en México, que una empresa de seguridad pública dé servicios de seguridad privada”, dijo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al respecto de cómo se maneja Cusaem. Dijo que ha trabajado por años en el “limbo” legal, pues cuando les conviene se ostentan como privados o como cuerpos auxiliares de seguridad del Estado.
La Recomendación, de octubre de 2019, fue dirigida a los gobernadores, Alfredo del Mazo Maza, del Estado de México; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala, y a los fiscales generales de Guanajuato y de Querétaro, Carlos Zamarripa Aguirre y Alejandro Echeverría Cornejo, respectivamente.
La causa fue por violentar el derecho de acceso a la justicia, por tres elementos de Cusaem –que brindaban protección y vigilancia a una empresa ferroviaria— que mataron a disparos a dos personas migrantes, que viajaban a bordo del tren, e hirieron a dos más.
La CNDH advirtió la opacidad en que opera y la negativa por parte del Gobierno del Estado de México para rendir cuentas sobre el actuar, el número de elementos y los marcos legales con que se rigen.
Solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal informar sobre el número de elementos que integran los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México, así como precisar qué institución o quienes realizan los exámenes de control y confianza y fecha en que se llevó a cabo el último examen, además de la formación y capacitación policial que se les otorga.
También solicitó copia de los manuales internos de operación expedidos por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito y que el Estado de México informara y aclarara si los elementos de CUSAEM estaban inscritos en el Registro Estatal de Empresas de Seguridad Privada, pero ambas cosas fueron negadas.
Varios de los argumentos que dio la SSP para no dar información o deslindarse de los hechos, fue que Cusaem no eran servidores públicos, sin embargo, la CNDH destacó que “lo cierto es que su origen no es ‘privado’”.
El Organismo concluyó que aun cuando la Gobierno del Estado de México, “haya argüido que los citados Cuerpos de Guardias y Vigilantes Auxiliares no se encuentran ligados “administrativamente” y no son servidores públicos, éstos laboran para los citados Cuerpos de Guardias y Vigilantes Auxiliares los cuales son considerados como «organismos auxiliares” del Estado de México, controlados por una “Jefatura” que depende de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito; por lo que resulta innegable que existía un nexo jurídico con la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
DETRÁS DE CUSAEM
Esa complejidad en el esquema de Cusaem, podía explicarse por sus nexos políticos. Nombre como Alfonso Navarrete Prida y Luis Miranda Nava están ligados a ese cuerpo de seguridad.
Medios de comunicación han documentado y exhibido que el CUSAEM está dirigido por ex funcionarios que forman parte de una red de amigos y colaboradores al ex secretario de Gobernación y del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.
De acuerdo con un reportaje de la revista Proceso, José Emanuel Álvarez González, titular de CUSAEM, fue secretario particular de Navarrete Prida durante su periodo al frente de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano del Estado de México, cuando Peña Nieto era Gobernador. Además, fue asesor de Navarrete Prida mientras fue legislador federal en 2009 y 2010.
«Cuando Navarrete Prida llegó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Álvarez fungió como su secretario particular, donde estuvo hasta 2017. Ese año fue nombrado director General de CUSAEM, donde aún despacha”, detalla el reportaje de Proceso.
Además, señala que el representante legal de Cusaem, Nicolás Martínez Hernández se desempeñó como coordinador general de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entre los años 2008 a 2013, cuando la dependencia estaba bajo el mando de Navarrete Prida.
Sobre Miranda Nava, el mismo semanario lo coloca como miembro del Consejo de Administración en el mismo periodo de Navarrete Prida. Se calculó que los Cuerpos tuvieron ingresos de 2 mil millones de pesos anuales y que parte de ese dinero se utilizó en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Luis Miranda Nava, en esa administración estatal, estuvo en la Secretaría General de Gobierno, como encargado de la política interior de la entidad.
Miranda Nava, el que se declaró abiertamente “operador político” de Peña Nieto, es hoy Diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo con una solicitud de información dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la comercialización de armamento al Gobierno del Estado de México para atención del Cusaem, aumentó 160 por ciento.
En general, para la entidad, de 2004 a febrero de 2017, se le asignaron al Estado de México 35 mil 248 armas, de las cuales es reservado el tipo y el calibre. Esas armas también son para uso del Cusaem.
